Separación de poderes, constituyente y democratización.

 

En Colombia existe formalmente una separación de poderes y un principio de colaboración armónica entre ramas del poder público, tal como lo dispone la Constitución de 1991. Sin embargo, en la práctica esa separación está debilitada, porque durante décadas las mayorías conservadoras y de derecha han ocupado el Congreso, las cortes y el Ejecutivo, colocando fichas políticas y redes de funcionarios en todas las instituciones del Estado. Esto ha generado un “establecimiento” que opera como bloque de poder cerrado, donde los pesos y contrapesos no se traducen en equilibrio democrático, sino en un sistema de autoprotección de las élites que impide la transformación estructural.

El Congreso bloquea o diluye las reformas del Ejecutivo, influye en el nombramiento de magistrados, y el poder judicial actúa muchas veces como freno político más que como árbitro constitucional. A ello se suma que la administración pública en sus distintos niveles —ministerios, agencias, entes de control, superintendencias— está poblada por redes clientelistas y tecnocráticas que reproducen intereses de larga data y no necesariamente responden al mandato ciudadano de cambio. Así, la independencia de poderes es relativa y está condicionada por la hegemonía histórica de esas élites, aunque la Constitución conciba principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad que en teoría deberían equilibrar las relaciones entre Estado central, territorios y ramas de poder.

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1. El deber ser (visión constitucional de 1991)

• La Constitución de 1991 planteó un sistema de separación de poderes con control recíproco y colaboración armónica.
• El Congreso debía representar a la ciudadanía, legislar de acuerdo al interés general y ejercer control político al Ejecutivo.
• El Ejecutivo debía gobernar, administrar los recursos públicos y garantizar la vigencia de los derechos fundamentales.
• El Judicial debía actuar como árbitro imparcial, protegiendo la Constitución y evitando abusos de las otras ramas.
• Los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad se diseñaron para descentralizar y democratizar la gestión pública, especialmente frente a los entes territoriales.

En este deber ser, ninguna rama del poder debía subordinarse a otra, y mucho menos a intereses privados.

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2. La realidad (hegemonía del establecimiento político)

• Congreso: dominado históricamente por partidos tradicionales que responden más a intereses de élites regionales y a pactos clientelistas que al mandato ciudadano. Las leyes aprobadas suelen reflejar negociaciones entre bancadas y gremios económicos, más que políticas públicas de largo plazo.
• Cortes: su composición reproduce la correlación de fuerzas del Congreso y el Ejecutivo de turno. Aunque han tenido fallos progresistas en temas de derechos civiles, también han frenado transformaciones profundas en economía y modelo de Estado.
• Ejecutivo: incluso bajo gobiernos alternativos, el aparato estatal sigue cooptado por funcionarios y contratistas vinculados a redes de poder tradicionales. El “Estado profundo” en Colombia es, en realidad, una burocracia colonizada por intereses privados y políticos de vieja data.
• Resultado: más que colaboración armónica, existe una alianza de autoprotección entre ramas del poder público que preserva el statu quo.

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3. El trasfondo real: el poder económico como centro de mando

Aquí se encuentra la clave de la premisa: el verdadero poder que articula al establecimiento no está solo en el Congreso o las Cortes, sino en los grupos económicos y financieros que controlan sectores estratégicos del país.

• Control mediático: los principales conglomerados económicos son también propietarios de los grandes medios de comunicación (periódicos, noticieros, canales de TV, portales digitales). Esto les permite moldear la opinión pública, favorecer narrativas contra reformas estructurales y legitimar decisiones de Congreso y Cortes que les resultan convenientes.
• Control político: financian campañas de congresistas, alcaldes y gobernadores, asegurando representación directa de sus intereses en el Legislativo y en el Ejecutivo. Esa inversión política se traduce en favores, contratos y legislación favorable.
• Control gremial: a través de asociaciones empresariales y gremios (ANDI, Fenalco, SAC, Camacol, etc.), presionan la agenda legislativa, orientan la política económica y condicionan las decisiones gubernamentales.
• Control contractual: los grandes grupos económicos son al mismo tiempo los mayores contratistas del Estado, especialmente en infraestructura vial, concesiones de peajes, energía y servicios públicos. Su influencia garantiza que el modelo de concesiones y privatización se mantenga y se profundice.
• Legislación a su favor: el Congreso, capturado por esos intereses, aprueba normas que blindan privilegios fiscales, aseguran monopolios de mercado o dificultan el control ciudadano. Así, la función legislativa se desnaturaliza y pasa a ser una extensión de los intereses corporativos.

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4. Conclusión analítica

• En Colombia sí existe separación de poderes en lo formal, pero la independencia real está erosionada.
• El poder económico funciona como centro de gravedad que articula al establecimiento: financia campañas, controla medios, dirige gremios, contrata con el Estado y logra que el Congreso legisle a su favor.
• Las cortes, aunque con márgenes de autonomía, operan dentro de un marco institucional colonizado por esas élites.
• En consecuencia, el sistema político-constitucional no responde plenamente a la soberanía popular, sino a una lógica de captura del Estado por parte de una coalición político-económica que defiende sus privilegios.

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👉 Dicho en breve: Colombia tiene una separación de poderes formal, pero una dependencia estructural de todos los poderes frente al bloque económico-mediático-político que constituye el verdadero establecimiento.

QUE HACER?

1) Objetivo general

Democratizar instituciones clave (Congreso, justicia, contratación pública, medios y financiamiento político) para reducir la captura por el bloque económico-mediático-gremial y restaurar la primacía de la soberanía popular, la transparencia y la planificación pública orientada al interés general.

2) Ejes de reforma y medidas concretas (qué hacer)

A continuación medidas por ámbitos institucionales, priorizadas por impacto y factibilidad.

A. Financiamiento político y transparencia electoral

• Prohibición progresiva y regulada de donaciones de grandes empresas y contratistas que hagan negocios con el Estado; límites estrictos y tope único por donante.
• Sistema robusto de financiación pública ampliada para partidos (fondos condicionados a transparencia y cumplimiento de cuotas de paridad), con control ciudadano de uso de recursos.
• Registro público y actualizado de donantes y gastos de campaña (plataforma abierta, datos descargables).
• Auditorías ciudadanas y sanciones efectivas (multas, inhabilidad temporal) por incumplimiento.
  Por qué: reducir la dependencia de congresistas de grandes financistas, cortar el circuito dinero→influencia→contratos. (ver diagnóstico sobre financiamiento y recomendaciones en la región). Brookings

B. Reformas al proceso de nombramiento judicial (transparencia e independencia)

• Crear comisiones de evaluación públicas y técnicas (con representantes de la academia, ONG de derechos, Colegio de Abogados y representantes ciudadanos) que publiquen evaluaciones de méritos y hojas de vida.
• Publicidad obligatoria de ternas, entrevistas públicas transmitidas y periodos para objeciones ciudadanas fundadas.
• Limitar la injerencia exclusiva del Congreso en designaciones; introducir un filtro técnico inicial que reduzca la discrecionalidad partidaria.
• Establecer códigos de conducta y conflictos de interés con sanciones claras, además de transparencia patrimonial pública y constante.
  Por qué: disminuir la capacidad del “establecimiento” para colocar magistrados afines e incrementar legitimidad y control social sobre nombramientos. (recomendaciones de buenas prácticas y riesgos de opacidad). Knowledge HubOECD

C. Contratación pública, compras y control de concesiones

• Abrir y fortalecer plataformas de contratación abierta (SECOP/SECOP II) con datos en tiempo real, análisis automatizado de riesgos y alertas de colusión/contratos repetidos.
• Restricciones para empresas con historial de corrupción: prohibición temporal para contratar y lista pública de sancionados.
• Reformar el modelo de concesiones (peajes, infraestructura) para cláusulas de transparencia, revisión de tarifas y participación ciudadana en auditorías.
• Fomentar compras públicas locales y encadenamientos productivos que favorezcan PYME y contratación regional.
  Por qué: cortar el nicho económico que convierte a grandes grupos en principales contratistas del Estado. (ejemplos de apertura y SECOP en Colombia). Registro de DatosOpen Contracting

D. Medios, pluralismo y regulación de concentración mediática

• Leyes anti-concentración mediática y normas de transparencia de propiedad real.
• Fondos públicos (transparentes) para medios comunitarios y pluralidad informativa; incentivos fiscales condicionados a transparencia y pluralidad de voces.
• Programas de alfabetización mediática y observatorios ciudadanos para monitorear desinformación y conflictos de interés en cobertura política.
  Por qué: reducir la capacidad del bloque económico-mediático para manipular la agenda y deslegitimar procesos democráticos.

E. Democracia directa, participación y control ciudadano

• Implementar mecanismos robustos de presupuesto participativo a escala municipal y distrital con rango vinculante para porciones del gasto social.
• Mecanismos de iniciativa ciudadana, referendo vinculante sobre temas clave (anticorrupción, contratos estratégicos) y audiencias públicas obligatorias para grandes proyectos.
• Consejos ciudadanos con poder consultivo y verificador sobre nombramientos, compras y políticas públicas.
  Por qué: anclar reformas en participación tangible y legitimidad popular (ejemplos comparados de mecanismos participativos). Open Government Partnership+1

F. Estado y administración pública: meritocracia y gestión profesional

• Carrera administrativa reforzada: concursos públicos transparentes, estabilidad por méritos, y reducción de cargos de confianza.
• Programas de profesionalización y rotación obligatoria en puestos estratégicos para evitar redes clientelares.
• Auditorías permanentes con unidades anticorrupción con independencia técnica y acceso directo al poder ejecutivo y al Congreso.
  Por qué: desactivar el “Estado profundo” clientelar y profesionalizar la gestión pública. (recomendaciones de la OCDE sobre gobernanza de SOEs y reformas administrativas). OECD

3) Cómo lograrlo (estrategia política y táctica)

Un plan político requiere simultáneamente: acumulación de poder electoral, alianzas tácticas, comunicación, movilización social y estrategia jurídica.

Paso 0 — Diagnóstico y priorización

• Mapear por sectores: identificar principales vectores de captura (principales contratistas, medios, gremios, circuitos de financiamiento).
• Priorizar reformas “ganables” que generen alto impacto simbólico y práctico (p. ej. transparencia en contratos y límites a donaciones corporativas).

Fase 1 — Construcción de mayorías y coaliciones

• Formar frentes amplios con organizaciones sociales, sindicatos, movimientos estudiantiles, pueblos indígenas, ONGs anticorrupción y partidos afines.
• Negociar “paquetes de reforma” que combinen medidas inmediatas (transparencia, SECOP, auditorías) con reformas institucionales más complejas (judicial, financiamiento).
• Buscar aliados pragmáticos en el Congreso (diputados regionales, independientes) a través de pactos programáticos y contrapartidas territoriales (inversión en obra pública clara y transparente).

Fase 2 — Agenda legislativa y presión social simultánea

• Lanzar iniciativas legales con evidencia, estudios de impacto y modelos comparados. Acompañar con campañas ciudadanas de presión (movilizaciones, peticiones, audiencias públicas) para elevar el costo político del bloqueo.
• Blindar avances con mecanismos de rendición de cuentas (por ejemplo, comités ciudadanos de verificación con potestad de denuncia pública y acceso a información).

Fase 3 — Estrategia judicial y normativa

• Diseñar leyes y reformas con el ojo jurídico: usar marcos constitucionales y tratados de derechos para evitar derrotas por inconstitucionalidad.
• Movilizar litigio estratégico si el Ejecutivo o el Legislativo bloquean medidas constitucionalmente protegidas; preparar equipos jurídicos para defender reformas ante cortes.

Fase 4 — Implementación y control

• Una vez aprobadas medidas, priorizar implementación rápida y transparente. Publicar resultados periódicamente (contratos anulados, dinero recuperado, procesos disciplinarios).
• Instituir indicadores de desempeño y scorecards públicos sobre la calidad del servicio y la reducción de corrupción.

4) Aprendizajes comparados (qué funcionan y riesgos a evitar)

• Chile (constituyente 2021–2022): mostró que la multiplicación de mecanismos participativos (cabildos, iniciativas ciudadanas) mejora legitimidad, pero requiere buen diseño y comunicación para evitar desmovilización o rechazo por desinformación. Aprender: combinar deliberación con educación cívica y plazos realistas. European Democracy Hubconstitutionnet.org
• Open Contracting y SECOP (Colombia): herramientas digitales de contratación aumentan transparencia, pero necesitan supervisión independiente y sanciones efectivas para cambiar prácticas. Aprender: tecnología + sanciones + participación ciudadana. Open ContractingRegistro de Datos
• Participatory budgeting (ejemplos OGP, ciudades): mejora confianza y dirige recursos a necesidades locales; escalar requiere capacitación y protección contra captura local. Open Government PartnershipOpenGov
• Riesgos: reformas mal comunicadas o precipitadas pueden ser neutralizadas por campañas mediáticas del bloque económico; procesos constituyentes mal diseñados pueden fracasar (ver rechazo en Chile por exceso de percepción de improvisación y campañas en contra). TIME

5) Estrategia de comunicación y contrahegemonía mediática

• Crear laboratorio de comunicación progresiva: datos abiertos, micrositios que muestren contratos, mapas de impacto social, y narrativas que muestren beneficios tangibles (escuelas, salud, empleo).
• Fortalecer medios comunitarios y alianzas con periodistas de investigación; producir documentales y reportes que expongan redes de captura con pruebas.
• Plan de alfabetización mediática frente a desinformación (programas en escuelas, redes sociales y plataformas comunitarias).

6) Cómo un partido progresista puede liderar esta agenda

1. Legitimidad social: ser el vehículo articulador entre movimientos sociales y la institucionalidad — no imponer soluciones, sino co-crear con comunidades.
2. Profesionalismo técnico: armar equipos de técnicos (fiscalistas, especialistas en contratación, anticorrupción, comunicación) que diseñen propuestas “listas para legislar” y defendibles jurídicamente.
3. Táctica legislativa: proponer paquetes escalonados (medidas de transparencia inmediatas + reformas estructurales a mediano plazo) para acumular victorias tempranas y credibilidad.
4. Alianzas transversales: pactos con actores locales (gobiernos subnacionales, universidades, ONG) para ejecutar pilotos que demuestren resultados.
5. Política de estado y no solo de gobierno: institucionalizar cambios para que persistan más allá de períodos de gobierno (leyes orgánicas, tratados, acuerdos multipartidistas).
6. Ética y ejemplaridad interna: aplicar desde ahora reglas internas de financiación, selección de candidatos por mérito y rendición de cuentas para diferenciarse del “establecimiento”.

7) Hoja de ruta resumida (cronograma operativo)

• Meses 0–6: diagnóstico público, paquete de medidas rápidas (transparencia en contratos; registro de donantes; comisiones ciudadanas para nombramientos), campaña comunicativa inicial.
• Meses 6–18: Presentación legislativa, construcción de frentes y alianzas territoriales, pilotos de presupuesto participativo y compras abiertas en 3–5 municipios/entidades.
• Meses 18–36: Profundización (reforma judicial de nombramientos, modelo de financiamiento público), consolidación de victorias, institucionalización de mecanismos de control ciudadano.
• Permanente: auditoría ciudadana, monitoreo de impacto, ajustes y comunicación de resultados.

8) Mecanismos de evaluación y garantías de cumplimiento

• Indicadores claros: % reducción de contratos con empresas sancionadas, número de donantes corporativos por legislador, tiempo medio de adjudicación pública, índices de percepción ciudadana sobre corrupción.
• Auditorías externas anuales (academia + ONG) y publicación de scorecards trimestrales.
• Mecanismos de sanción automática (suspensión de contratos, inhabilidad temporal, multas) y vías penales para corrupción grave.

9) Riesgos políticos y cómo mitigarlos

• Bloqueo legislativo: estrategia de pequeños paquetes y presión social constante; usar herramientas como la iniciativa popular y mecanismos de resistencia pacífica.
• Campañas mediáticas en contra: laboratorio de comunicación rápida, alianzas con periodistas independientes, y pruebas documentadas para contrarrestar difamación.
• Judicialización selectiva: blindar los procesos con asesoría jurídica, transparencia absoluta y control de nombramientos (citados antes).
• Fracaso de procesos participativos: diseñar con tiempo, pedagógica cívica y gestionar expectativas.

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Fuentes / evidencias seleccionadas (para respaldar las recomendaciones)

• Lecciones de los procesos de participación en Chile (constituyente y mecanismos de cabildos y audiencias públicas). European Democracy Hubconstitutionnet.org
• Informes y recomendaciones sobre financiamiento político y corrosión democrática en América Latina (IDEA, Brookings). idea.intBrookings
• Buenas prácticas en contratación abierta y la experiencia de SECOP/Colombia Compra Eficiente / Open Contracting. Registro de DatosOpen Contracting
• Recomendaciones de transparencia y estándares para nombramientos judiciales (PADF / Transparency International / OECD). Knowledge HubOECD
• Experiencias de presupuesto participativo y reformas de transparencia (Open Government Partnership). Open Government Partnership+1

Cierre práctico

Esta es una hoja de ruta integral: combina medidas normativas, tecnológicas, de gestión pública y de movilización social. Para un partido progresista, esto significa actuar simultáneamente como legislador, gestor y articulador social — implementando pilotos que muestren beneficios tangibles para la gente, blindando las reformas con transparencia y comunicación clara, y construyendo mayorías políticas con base en ética y resultados.

Elección popular de magistrados dentro de una eventual reforma constitucional?

1. El problema actual

• Hoy los magistrados de altas cortes son elegidos por un sistema de ternas y votaciones cruzadas entre Congreso, Ejecutivo y otros órganos del Estado.
• Esto genera captura política: congresistas, partidos y grupos económicos negocian nombramientos, lo que resta independencia real.

2. La elección popular: ventajas potenciales

• Democratización directa: se rompe el monopolio de partidos y congresistas en la selección, trasladando la decisión al ciudadano.
• Legitimidad popular: magistrados electos tendrían un mandato ciudadano claro, difícil de deslegitimar como “alfiles” de un partido.
• Ruptura de cooptación: disminuye la capacidad del establecimiento político-económico de controlar las cortes desde arriba.

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3. Riesgos y problemas

• Politización abierta: las campañas judiciales se volverían muy similares a las de Congreso, con partidos, eslóganes y dinero privado influyendo.
• Desigualdad de acceso: candidatos con apoyo de grandes financiadores y medios tendrían ventaja, lo cual puede agravar la captura, no resolverla.
• Pérdida de perfil técnico: la elección popular puede priorizar candidatos carismáticos o mediáticos frente a juristas con trayectoria sólida.
• Ejemplos comparados: en varios estados de EE. UU., donde jueces de cortes supremas estatales son elegidos popularmente, se ha demostrado que grandes donantes y lobbies financian campañas, generando dependencia y pérdida de imparcialidad.

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4. Alternativas intermedias

• Elección mixta: mantener requisitos técnicos estrictos (trayectoria, méritos, concursos) y que de una lista filtrada por mérito los ciudadanos elijan.
• Ratificación popular: los jueces no son electos directamente, pero deben ser ratificados periódicamente por voto popular (como ocurre en algunos países con figuras de “retención judicial”).
• Audiencias y control ciudadano: fortalecer transparencia y deliberación pública en las ternas y nombramientos, sin necesidad de llevar todo a una elección masiva.

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5. Conclusión analítica

La elección popular de magistrados podría aportar legitimidad democrática, pero en un contexto como el colombiano, con alta concentración mediática, financiamiento político desigual y baja educación cívica, el riesgo es que la justicia quede aún más capturada por el dinero y la propaganda.
Una vía más equilibrada sería avanzar en mecanismos mixtos: concursos de méritos, filtros técnicos y ratificación o participación ciudadana en el proceso de designación.

Apartado: Modelo de elección mixta de magistrados en Colombia

1. Objetivo

Garantizar que las altas cortes sean integradas por juristas de alta calidad técnica y, al mismo tiempo, que su legitimidad no dependa de pactos cerrados entre partidos y congresistas.

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2. Etapas del proceso

1. Convocatoria pública
• Abierta por un órgano independiente (Consejo Nacional de la Judicatura o una Comisión Ciudadana de Nombramientos).
• Requisitos estrictos: años de experiencia, publicaciones académicas, trayectoria ética y profesional comprobada.
2. Evaluación técnica y de méritos
• Concurso público con pruebas de conocimiento, fallos simulados y revisión de antecedentes disciplinarios, patrimoniales y fiscales.
• Panel evaluador mixto: academia, colegios de abogados, sociedad civil organizada y representantes de las altas cortes.
3. Lista corta
• De los aspirantes, se conforma una lista reducida de candidatos con las más altas calificaciones.
• Publicidad obligatoria de las hojas de vida, entrevistas transmitidas y audiencias públicas.
4. Ratificación popular
• Los ciudadanos votan en elecciones nacionales (coincidiendo con comicios legislativos o presidenciales para reducir costos).
• No se trata de campañas políticas con publicidad millonaria, sino de un voto de ratificación o preferencia sobre la lista corta.
5. Nombramiento final
• Los magistrados con mayor apoyo ciudadano son designados, pero solo entre quienes superaron los filtros técnicos y de méritos.

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3. Mecanismos de garantía

• Financiación pública única para divulgar hojas de vida y planes judiciales de los candidatos, prohibiendo aportes privados.
• Espacios mediáticos obligatorios y gratuitos para todos los aspirantes, en igualdad de condiciones.
• Control ciudadano permanente: comités de veeduría pueden pedir investigaciones disciplinarias si se detectan conflictos de interés.
• Reelección o retención: al cabo de un período (ej. 8 años), los magistrados podrían someterse a un voto de retención popular sin competencia, solo “sí o no”, para evaluar su permanencia.

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4. Ventajas de este modelo

• Evita que todo dependa del Congreso y los partidos, pero también evita que la elección sea solo un concurso cerrado de tecnócratas.
• Le da al ciudadano un papel en la selección, pero con base en opciones ya filtradas por mérito.
• Reduce la posibilidad de que dinero privado capture las campañas judiciales.
• Combina independencia técnica y legitimidad democrática.

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5. Ejemplos internacionales inspiradores

• Costa Rica: aunque no tiene elección popular, se destaca por procesos meritocráticos y transparentes en nombramiento judicial.
• Estados de EE. UU.: usan elecciones populares para jueces, pero sirven como advertencia del riesgo de financiamiento privado.
• Bolivia: implementó elección popular de magistrados, aunque con problemas de politización. De allí la lección: se requiere filtro técnico previo y evitar propaganda partidista.
• Canadá: combina comités técnicos y audiencias públicas para ratificar a los jueces de la Corte Suprema.

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📌 En síntesis:
Una reforma constitucional que introduzca un modelo mixto (méritos + ratificación ciudadana) podría democratizar la justicia en Colombia sin caer en la trampa de que los grandes grupos económicos y mediáticos capturen la elección popular de magistrados.

1. Plan Operativo Imprimible

Objetivo general: Democratizar el Estado colombiano a través de reformas institucionales que garanticen independencia de poderes, transparencia y control ciudadano.

Matriz de metas por departamento (ejemplo simplificado)

Departamento	Meta política	Responsable local	Aliados	KPI/Indicador	Plazo
Antioquia	20 foros ciudadanos sobre reforma judicial y contratación	Coordinador departamental	sindicatos, universidades	2 foros/mes	6 meses
Valle	15 cabildos abiertos municipales	Líder regional	juntas comunales, ONG	1.000 asistentes acumulados	6 meses
Bogotá	Campaña piloto de pedagogía en medios comunitarios	Equipo capital	colectivos estudiantiles, prensa alternativa	20 notas/radios comunitarias	4 meses
Costa Caribe	Estructurar 5 veedurías ciudadanas de contratación	Red regional	cámaras de comercio progresistas, sociedad civil	5 veedurías constituidas	8 meses

(Se replica en todos los departamentos con metas de participación, pedagogía y veeduría social).

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Cronograma de tareas nacionales

Fase 1 – Preparación (0-3 meses)

• Diseñar materiales pedagógicos.
• Capacitar a coordinadores departamentales.
• Redacción inicial de proyectos de ley y reforma constitucional.

Fase 2 – Movilización (4-9 meses)

• Cabildos abiertos en todos los departamentos.
• Presentación pública de proyectos legislativos.
• Alianzas con sindicatos, movimientos estudiantiles y plataformas ciudadanas.

Fase 3 – Incidencia (10-18 meses)

• Radicación formal en el Congreso.
• Campaña masiva en medios alternativos y comunitarios.
• Veedurías ciudadanas para seguimiento del trámite legislativo.

Fase 4 – Evaluación (19-24 meses)

• Balance de indicadores por departamento.
• Ajuste de estrategia según logros y bloqueos.
• Preparación de siguiente ciclo de reformas.

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📌 2. Paquete legislativo (borradores iniciales)

Reforma 1: Transparencia en la contratación pública

• Artículo 1. Todo contrato estatal mayor a 500 salarios mínimos deberá publicarse en plataforma única nacional con acceso libre y en tiempo real.
• Artículo 2. Se prohíben contratos interadministrativos sin licitación pública, salvo en casos de emergencia comprobada.
• Artículo 3. Se crean veedurías ciudadanas obligatorias en cada contrato de infraestructura mayor a 50 mil millones.

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Reforma 2: Límites a las donaciones corporativas

• Artículo 1. Se prohíben aportes directos e indirectos de personas jurídicas (empresas, gremios, fundaciones corporativas) a campañas electorales.
• Artículo 2. La financiación de campañas será exclusivamente estatal y ciudadana individual, con tope máximo por persona natural.
• Artículo 3. La autoridad electoral publicará en tiempo real todas las donaciones recibidas y sancionará con pérdida de personería a partidos que violen esta norma.

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Reforma 3: Nombramiento judicial

• Artículo 1. Se crea un mecanismo mixto de selección de magistrados: concurso de méritos, lista corta técnica y ratificación popular.
• Artículo 2. El proceso será administrado por un Consejo Ciudadano de Nombramientos integrado por academia, colegios de abogados y sociedad civil.
• Artículo 3. Se prohíbe la participación de congresistas y partidos políticos en la nominación de candidatos.

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📌 3. Argumentario público y guion de campaña

Mensajes clave (argumentario)

1. “El dinero compra leyes, queremos que el pueblo recupere el poder.”
2. “La justicia no puede ser cuota de partidos, debe ser independiente.”
3. “Tu plata en impuestos no debe terminar en peajes eternos ni contratos amañados.”
4. “Estas reformas no son contra nadie: son a favor de la gente honesta que trabaja y paga impuestos.”

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Narrativas para neutralizar al establecimiento

• Narrativa del establecimiento: “Estas reformas son peligrosas, van a paralizar la economía.”
• Respuesta: Lo que paraliza la economía son los contratos corruptos y los peajes eternos que roban el bolsillo de la gente.
• Narrativa del establecimiento: “Quitar la financiación empresarial destruye la democracia.”
• Respuesta: La democracia se destruye cuando solo mandan los que tienen plata. Con estas reglas, tu voto vale más que una chequera.
• Narrativa del establecimiento: “La elección judicial popular politiza la justicia.”
• Respuesta: Hoy ya está politizada, pero en secreto. Con ratificación ciudadana habrá transparencia y meritocracia.

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Guion de campaña (ejemplo de discurso)

“Colombianos y colombianas, ¿sabían que las mismas empresas que financian campañas terminan como las mayores contratistas del Estado? ¿Sabían que muchos magistrados deben su puesto a pactos políticos en el Congreso? Eso no es democracia, es un negocio cerrado.

Nuestras reformas son simples: contratos públicos transparentes, cero chequeras corporativas en la política, y jueces elegidos por méritos con la voz del pueblo.

No buscamos dividir, buscamos limpiar. Estas reformas son para que el Estado vuelva a servir a la gente y no a unos pocos. Con ustedes, con su voto y su participación, lo vamos a lograr.”