NUEVA CONSTITUCION, PORQUE, CUANDO, COMO Y DONDE?

Documento de análisis político-estratégico

1. Introducción – contexto político-institucional


La discusión sobre la Revolución Ciudadana y el constituyente primario ha emergido con fuerza en Colombia en el marco del gobierno de Gustavo Petro.
La propuesta surge como respuesta al bloqueo sistemático que han enfrentado las reformas sociales en el Congreso y a la creciente percepción de captura política
de las altas cortes. Esta dinámica revive el debate sobre la soberanía popular y la necesidad de abrir un nuevo ciclo constituyente.

2. Obstáculos en Congreso y cortes


Las reformas laborales, de salud, pensionales y de justicia impulsadas por el Ejecutivo han enfrentado resistencias en un Congreso fragmentado y controlado en gran
medida por partidos tradicionales. A ello se suma un sistema de elección de altas cortes marcado por acuerdos políticos que consolidan el statu quo.
En junio de 2025 el Consejo de Estado suspendió un decreto presidencial que convocaba a una consulta popular, lo que evidenció el alcance de la judicialización contra las iniciativas del Ejecutivo.

3. Marco jurídico del Constituyente en Colombia


La Constitución de 1991 reconoce la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente, pero establece un procedimiento exigente: una ley aprobada por el Congreso debe fijar los términos
de la convocatoria, luego refrendada por el pueblo mediante votación. Este camino requiere amplias mayorías y está sujeto a control de constitucionalidad, lo que limita las salidas rápidas
y refuerza la necesidad de movilización social para presionar un consenso político.

¿Por qué el tema es central ahora? Contexto político-institucional inmediato


• Bloqueo y tensiones legislativas: muchas de las reformas promovidas por el Gobierno (reforma laboral, pensional, salud, justicia) han enfrentado resistencias en un Congreso sin mayorías aseguradas.
En varios casos se ha perdido contenido por la presión de bancadas de derecha. Esto alimenta la narrativa oficial de “bloqueo institucional”.

• Decisiones y composición de altas cortes: la reciente elección de Carlos Camargo (Senado, 3 sept. 2025) para la Corte Constitucional fue leída por el Gobierno como un revés político que endurece el control opositor.
Eso alimentó el llamado presidencial a considerar vías extraordinarias como la Asamblea Constituyente.

• Estrategia comunicacional del Ejecutivo: Petro ha alternado instrumentos —consulta popular, decretos, presión sobre el Congreso— y cuando la vía se tensa, resucita la posibilidad de una Asamblea Constituyente como mecanismo último
para “hacer los cambios que el Congreso y las cortes no permiten”.

• Marco jurídico: la Constitución de 1991 establece que el Congreso debe aprobar una ley para convocar la Asamblea, con refrendo popular. Esto exige mayorías y un umbral de participación alto,
lo que hace que la movilización social sea clave.

4. Experiencias latinoamericanas


En América Latina, los procesos constituyentes y las llamadas revoluciones ciudadanas han tomado formas diversas.
En Ecuador, Rafael Correa impulsó la Constitución de 2008 centrada en el buen vivir y los derechos sociales.
En Venezuela, Hugo Chávez utilizó la Constituyente de 1999 para refundar el Estado.
En Bolivia, Evo Morales lideró un proceso que reconoció al Estado Plurinacional y los derechos indígenas.
Uruguay, con Mujica, mostró la vía de reformas graduales y éticas. Brasil con Lula y Argentina con Cristina Fernández reflejan cómo la movilización ciudadana fue clave para sostener procesos de transformación.
En Colombia, el antecedente más directo es la Constituyente de 1991, fruto de la convergencia de sectores insurgentes como el M-19 y movimientos sociales.

Lecciones comparadas — ejemplos latinoamericanos


• Ecuador (Correa, 2007–2008): permitió una nueva constitución con énfasis en buen vivir y rol estatal. Lección: blindar democracia interna de la Asamblea.
• Venezuela (1999): refundación del Estado, pero con concentración de poder. Lección: garantizar contrapesos.
• Bolivia (2006–2009): institucionalizó Estado plurinacional y derechos indígenas. Lección: reconocimiento de pluralismo.
• Uruguay (Mujica): legitimidad ética, austeridad y reformas sostenibles. Lección: reformas graduales con ética pública.
• Argentina: mostró la necesidad de desarme político y respeto a pluralidad en procesos constituyentes.
• Colombia (1991, M-19): Constituyente como canal de pacificación y ampliación de derechos. Lección: pluralismo y acuerdos amplios.

5. Riesgos y salvaguardas


Los riesgos de un proceso constituyente son múltiples: judicialización, captura institucional, polarización y déficit de legitimidad ciudadana.
Salvaguardas necesarias: reglas claras desde la convocatoria, representación plural, límites a la reforma de derechos fundamentales y un referendo final.

6. Sistemas perversos de elección de las altas cortes


El sistema de elección de magistrados en Colombia ha sido criticado por su carácter cerrado y político.
Corte Constitucional, Consejo de Estado y Corte Suprema dependen de ternas y votaciones cruzadas en el Senado, lo que genera pactos de élite.
La elección de Carlos Camargo en 2025 es un ejemplo: consolidó un bloque de poder en la Corte Constitucional alineado con partidos tradicionales.

7. Formas de participación ciudadana en Colombia


El ordenamiento consagra mecanismos como veedurías (Ley 489/1998), referendos, plebiscitos, consultas, cabildos e iniciativas legislativas (Ley 1757/2015).
Sin embargo, la burocracia, los altos umbrales y la judicialización han limitado su eficacia.
La Revolución Ciudadana busca superar este desfase entre la letra y la práctica, llevando al pueblo a decidir directamente.

8. Escenarios y hoja de ruta


Se plantean tres escenarios:
A) reformas parciales negociadas en el Congreso, con la Constituyente como amenaza estratégica;
B) una Constituyente pactada, refrendada en las urnas, con capacidad transformadora si logra movilización masiva;
C) confrontación institucional, con bloqueos judiciales y polarización.
La hoja de ruta incluye campaña pedagógica territorial, construcción de ley de convocatoria sólida, movilización social organizada y referendo ratificatorio.

8.1 Organización de base y mecanismos de participación


Para que la Revolución Ciudadana sea efectiva no basta con liderazgo presidencial: se requiere autoorganización ciudadana en todo el país.
Las herramientas legales incluyen cabildos, iniciativas populares, referendos, plebiscitos, revocatoria de mandatos y huelga pacífica.


Cabildos abiertos: deliberación comunitaria con actas oficiales.
Iniciativa ciudadana normativa y legislativa: recolección organizada de firmas.
Referendos y plebiscitos: decisiones populares con blindaje legal.
Revocatoria de mandato: control ciudadano de gobernantes.
Huelga pacífica: derecho constitucional reivindicado por Petro como mecanismo legítimo de presión.

9. Conclusión – Qué es hoy la Revolución Ciudadana y el Constituyente Primario en Colombia


La Revolución Ciudadana en Colombia no es insurrección ni consigna vacía: es el ejercicio real del poder constituyente primario, el poder soberano del pueblo.

Hoy, en 2025, significa:
- Rebelarse democráticamente contra un orden político cooptado por élites, Congreso fragmentado y cortes capturadas.
- Activar mecanismos constitucionales y legales (cabildos, consultas, plebiscitos, revocatoria, huelga) para trasladar el poder de decisión a la ciudadanía organizada.
- Aprender de América Latina: Correa en Ecuador, Evo en Bolivia, Mujica en Uruguay, Lula en Brasil, Cristina en Argentina, Chávez en Venezuela y la experiencia de Cuba.
- Repolitizar la vida cotidiana: sindicatos, barrios, mujeres, indígenas, jóvenes, campesinos, afros y sectores urbanos como sujetos activos.

En la práctica, la Revolución Ciudadana es una hoja de ruta para transformar la democracia representativa en participativa y vinculante, donde el pueblo decide, corrige, orienta y controla permanentemente el rumbo del Estado.

En conclusión, la Revolución Ciudadana es el pueblo colombiano reconociéndose como constituyente primario y ejerciendo ese poder de manera organizada, pacífica, masiva y vinculante, para reescribir las reglas del juego, derrotar la captura oligárquica y abrir una nueva etapa de soberanía, justicia social y democracia real.


VERSION 2.0

Revolución Ciudadana y Constituyente Primario en Colombia

Documento de análisis político-estratégico
Fecha de corte: septiembre de 2025

1. Introducción: contexto político e institucional

Colombia atraviesa en 2025 un momento histórico de redefinición política. El gobierno de Gustavo Petro, primer presidente de izquierda en la historia contemporánea del país, se ha enfrentado a un panorama institucional que limita la materialización de sus reformas sociales. A pesar de contar con un mandato ciudadano significativo, su agenda de transformaciones —reforma laboral, reforma de la salud, reforma pensional, transición energética y democratización de la justicia— ha sido sistemáticamente bloqueada por el Congreso y en varias ocasiones suspendida o limitada por las altas cortes.

Este escenario ha desatado un debate profundo sobre el poder real en Colombia: ¿reside en la soberanía popular o en los pactos de élite que controlan el aparato estatal? De allí surge el llamado a la Revolución Ciudadana, un concepto que articula la movilización social, la democracia participativa y el ejercicio del constituyente primario como respuesta al bloqueo institucional y al avance del lawfare (la judicialización de la política).

La coyuntura colombiana recuerda procesos históricos en América Latina donde la movilización popular, la presión social y la convocatoria a constituyentes fueron esenciales para destrabar cambios profundos. Así ocurrió en Ecuador con Rafael Correa (2007–2008), en Bolivia con Evo Morales (2006–2009), en Venezuela con Hugo Chávez (1999), y en Chile (2021–2023, aunque inconcluso). La pregunta central que se abre hoy en Colombia es: qué significa hacer Revolución Ciudadana en este contexto y cómo desatarla.

2. Bloqueos institucionales: Congreso y altas cortes

El Congreso colombiano ha demostrado ser un espacio cooptado por intereses corporativos y clientelistas. A pesar de los esfuerzos del Ejecutivo por lograr consensos, la dinámica parlamentaria se ha reducido a una negociación permanente de cuotas, prebendas y favores, donde los partidos tradicionales y las bancadas de derecha ejercen un poder de veto.

Las reformas estructurales promovidas por el gobierno han sido recortadas, aplazadas o archivadas. En paralelo, las altas cortes han ejercido un contrapeso muchas veces interpretado como político. Un caso emblemático ocurrió en junio de 2025, cuando el Consejo de Estado suspendió un decreto presidencial que convocaba a una consulta popular sobre temas sociales. Esta decisión se percibió como un golpe a la iniciativa ciudadana y un ejemplo claro de cómo el poder judicial limita los canales de soberanía popular.

Este fenómeno ha sido caracterizado como lawfare: el uso estratégico del aparato judicial para frenar políticas transformadoras. A ello se suma el problema estructural de la elección de magistrados en Colombia, que se encuentra lejos de la independencia y refleja acuerdos de élite más que meritocracia.

3. El marco jurídico del constituyente en Colombia

La Constitución de 1991 reconoce la soberanía del pueblo como principio fundamental y abre la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente. Sin embargo, el procedimiento está diseñado con candados:

  1. El Congreso debe expedir una ley de convocatoria que defina alcance, duración y número de delegados.

  2. Dicha ley debe ser refrendada por los ciudadanos en las urnas.

  3. La convocatoria está sujeta a control de constitucionalidad por la Corte Constitucional.

Esto significa que, paradójicamente, para activar el poder constituyente primario se depende de las instituciones que hoy bloquean la transformación. De ahí la importancia de combinar el camino institucional con la movilización social.

El marco legal colombiano también contempla mecanismos de participación directa: referendo, plebiscito, consulta popular, cabildos abiertos, iniciativa legislativa ciudadana y revocatoria de mandatos. No obstante, los altos umbrales de participación y la tendencia a judicializar estos mecanismos los han convertido en promesas incumplidas de la democracia participativa.

4. Participación ciudadana: leyes y limitaciones prácticas

La democracia participativa en Colombia está consagrada en varias leyes:

  • Ley 489 de 1998: establece la organización y funcionamiento de las entidades del Estado e incluye la figura de veedurías ciudadanas para ejercer control social.

  • Ley 134 de 1994 (y luego Ley 1757 de 2015): regula los mecanismos de participación ciudadana como el referendo, plebiscito, consulta popular, cabildos abiertos, iniciativa legislativa y revocatoria de mandatos.

  • Ley 1757 de 2015: amplió las reglas de participación ciudadana, fortaleciendo cabildos, referendos y consultas.

En la práctica, estas herramientas han sido obstaculizadas:

  • Los altos umbrales de participación hacen que la mayoría de consultas fracasen por falta de votos, aunque la mayoría de votantes se pronuncie.

  • La judicialización de los mecanismos ha llevado a que iniciativas populares sean frenadas por demandas de inconstitucionalidad o interpretaciones restrictivas.

  • La falta de pedagogía política limita que las comunidades comprendan su poder real en estos mecanismos.

La Revolución Ciudadana en Colombia plantea reapropiarse de estas herramientas legales, desbordar sus limitaciones y convertirlas en mecanismos efectivos de movilización y decisión.

5. El sistema perverso de elección de magistrados

Uno de los obstáculos estructurales para una verdadera democracia es el sistema de elección de magistrados en las altas cortes:

  • La Corte Constitucional se elige por ternas del Presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado, votadas en el Senado.

  • La Corte Suprema de Justicia elige a sus propios magistrados de listas cerradas.

  • El Consejo de Estado sigue un modelo similar.

Este entramado de votaciones cruzadas genera pactos de élite entre partidos políticos, sectores judiciales y poderes económicos. El resultado no es independencia judicial sino captura institucional. La reciente elección de Carlos Camargo a la Corte Constitucional en septiembre de 2025, con apoyo del Senado, evidenció la consolidación de un bloque conservador y tradicional en la Corte.

Para la Revolución Ciudadana, desmontar este sistema perverso es clave: democratizar la elección de magistrados, abrir el proceso a la ciudadanía y blindar la justicia de la cooptación política.

6. Experiencias latinoamericanas y lecciones para Colombia

América Latina ofrece un rico laboratorio de transformaciones democráticas.

  • Ecuador (Correa, 2007–2008): la Asamblea Constituyente produjo la Constitución de Montecristi, centrada en el “buen vivir”, el rol del Estado en la economía y derechos de la naturaleza. La lección: la movilización masiva y la legitimidad inicial son claves para superar bloqueos.

  • Venezuela (Chávez, 1999): refundó el Estado con la Constitución de 1999. La lección: una Constituyente puede consolidar cambios, pero también corre el riesgo de concentración excesiva de poder si no se garantizan contrapesos.

  • Bolivia (Evo Morales, 2006–2009): el proceso constituyente reconoció al Estado Plurinacional y a las naciones indígenas. La lección: la inclusión de los pueblos históricamente excluidos da legitimidad y potencia transformadora.

  • Uruguay (Mujica, 2010–2015): aunque sin constituyente, mostró que la legitimidad ética, la austeridad y las reformas graduales pueden transformar la política.

  • Brasil (Lula, 2003–2010): su experiencia demostró la importancia de combinar reformas sociales con pactos políticos amplios, aunque también la fragilidad frente al lawfare.

  • Argentina (Cristina Fernández): enfrentó una fuerte ofensiva judicial y mediática. Lección: blindar las reformas frente a los poderes fácticos.

  • Colombia (1991): la Asamblea Constituyente abrió paso a una Constitución de derechos, producto de la movilización social y del ingreso del M-19 a la vida política. Su lección es la necesidad de pluralismo y acuerdos amplios.

Estas experiencias muestran que la Revolución Ciudadana en Colombia debe ser incluyente, plural y participativa, blindada frente a la concentración de poder y la captura de élites.

7. Riesgos y salvaguardas de un proceso constituyente

Riesgos:

  • Judicialización: la Corte Constitucional podría bloquear etapas del proceso.

  • Polarización: sectores de derecha pueden movilizarse para presentar la Constituyente como un “golpe” o un camino hacia una dictadura.

  • Fatiga social: si el proceso es largo, técnico y poco pedagógico, la ciudadanía puede perder interés.

  • Cooptación: riesgo de que actores tradicionales logren controlar la Constituyente.

Salvaguardas:

  • Campaña pedagógica: explicar con claridad qué significa el constituyente primario.

  • Reglas claras y transparentes: elección democrática de delegados con representación de mujeres, indígenas, jóvenes, campesinos y sectores urbanos.

  • Límites normativos: proteger derechos fundamentales y principios democráticos de la Constitución de 1991.

  • Referendo ratificatorio: garantizar que el texto final sea aprobado por el pueblo en las urnas.

8. Escenarios y hoja de ruta para una Constituyente en Colombia

Escenarios posibles:

  • Escenario A: reformas parciales negociadas en el Congreso, con la Constituyente como amenaza estratégica para forzar consensos.

  • Escenario B: una Constituyente pactada, refrendada por el pueblo, que logre legitimidad y capacidad transformadora.

  • Escenario C: confrontación institucional, con bloqueo judicial y polarización social, lo que podría radicalizar el proceso.

Hoja de ruta práctica:

  1. Organización de base: creación de comités ciudadanos en barrios, veredas, universidades, sindicatos, consejos comunitarios.

  2. Cabildos abiertos: espacios de deliberación local con actas oficiales que expresen mandatos ciudadanos.

  3. Iniciativas ciudadanas: recolección de firmas para impulsar proyectos de ley o reformas específicas.

  4. Movilización pacífica: marchas, concentraciones y huelgas pacíficas como formas legítimas de presión.

  5. Educación política: pedagogía popular para explicar el sentido de la Constituyente y el poder del constituyente primario.

  6. Redes de comunicación: uso estratégico de medios comunitarios y redes sociales para enfrentar la narrativa de los grandes medios.

  7. Referendo ratificatorio: asegurar que cualquier proceso constituyente concluya con decisión soberana del pueblo.

9. Conclusión: Qué es la Revolución Ciudadana hoy en Colombia y cómo desatarla

La Revolución Ciudadana en Colombia es, hoy, el ejercicio del constituyente primario: el pueblo soberano asumiendo directamente el poder que la Constitución reconoce pero que las élites buscan restringir.

No se trata de una insurrección violenta ni de un eslogan vacío, sino de un proceso político, social y cultural en el que la ciudadanía organizada decide sobre las grandes transformaciones que el Congreso y las cortes bloquean.

Hacer Revolución Ciudadana en Colombia significa:

  • Recuperar el poder popular frente a un sistema político capturado por el clientelismo, el Congreso bloqueador y las cortes cooptadas.

  • Activar todos los mecanismos legales de participación: cabildos, consultas, plebiscitos, referendos, revocatoria de mandatos, huelga pacífica.

  • Aprender de América Latina: ser incluyentes como Bolivia, innovadores como Ecuador, resistentes como Brasil y Argentina, éticos como Uruguay, audaces como Venezuela y firmes como Cuba.

  • Enfrentar el lawfare con movilización social, pedagogía política y presión democrática en las calles.

  • Construir poder desde abajo: sindicatos, juntas de acción comunal, colectivos juveniles, organizaciones de mujeres, indígenas, campesinos, afrodescendientes, barrios populares y sectores urbanos.

En conclusión, la Revolución Ciudadana hoy en Colombia es el pueblo reconociéndose y actuando como constituyente primario, desbordando los bloqueos institucionales y reescribiendo las reglas del juego con legitimidad, participación masiva y soberanía. Es el camino para abrir una nueva etapa histórica de justicia social, democracia real y emancipación popular.

en

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)