En Colombia existe formalmente una separación de poderes y un principio de colaboración armónica entre ramas del poder público, tal como lo dispone la Constitución de 1991. Sin embargo, en la práctica esa separación está debilitada, porque durante décadas las mayorías conservadoras y de derecha han ocupado el Congreso, las cortes y el Ejecutivo, colocando fichas políticas y redes de funcionarios en todas las instituciones del Estado. Esto ha generado un “establecimiento” que opera como bloque de poder cerrado, donde los pesos y contrapesos no se traducen en equilibrio democrático, sino en un sistema de autoprotección de las élites que impide la transformación estructural.
