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Política monetaria, poder y Estado Social de Derecho en Colombia

La subida de tasas del Banco de la República como intervención regresiva en un contexto de bloqueo institucional

Por RC

Introducción

La reciente decisión del Banco de la República de elevar la tasa de interés de política monetaria a niveles históricamente altos ha sido presentada como una medida estrictamente técnica, necesaria para contener la inflación y preservar la credibilidad macroeconómica. Sin embargo, un análisis riguroso del contexto económico real y del entorno político-institucional colombiano permite sostener que dicha decisión no es neutral, no es inocua y no puede separarse de la actual confrontación entre el proyecto popular elegido en las urnas y los poderes estructurales del Estado y del mercado.

Este artículo sostiene que la política monetaria vigente opera como una intervención económica regresiva, con ganadores y perdedores claramente identificables, y que su aplicación persistente —pese a la mejora de variables clave— constituye una forma de bloqueo económico velado contra las transformaciones sociales impulsadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

1. Los hechos económicos: cuando la ortodoxia pierde proporcionalidad

Al momento de la decisión de elevar las tasas, el país mostraba un conjunto de indicadores que, en condiciones normales, habrían justificado cautela y no endurecimiento:

La inflación venía descendiendo, aunque aún por encima de la meta.
El desempleo mostraba tendencia a la baja.
El dólar se debilitaba y el peso colombiano se revaluaba.
No existía evidencia empírica concluyente de una espiral salario–precio.
La demanda no mostraba un sobrecalentamiento generalizado de origen interno.

Persistir en una política monetaria contractiva en este escenario constituye un sobreajuste deliberado, cuyos efectos son ampliamente conocidos en la teoría y en la práctica: contracción del crédito, enfriamiento de la inversión productiva y traslado del ingreso desde el trabajo hacia el capital financiero.

2. Ganadores y perdedores: la economía política de las tasas altas

Toda política económica redistribuye poder y renta. La actual política monetaria no es la excepción.

Ganadores estructurales:

La banca privada, que incrementa sus márgenes de intermediación.
Los tenedores de deuda pública interna, beneficiados por mayores rendimientos.
El capital financiero, nacional e internacional, protegido frente a riesgos inflacionarios.

Perdedores evidentes:

Las pequeñas y medianas empresas, excluidas del crédito barato.
La economía popular y los trabajadores informales.
El Estado, que asume mayores costos por servicio de deuda.
El capital productivo, cuya rentabilidad se ve erosionada.

No se trata de una hipótesis ideológica sino de una constatación empírica: las tasas altas prolongadas transfieren ingreso del trabajo al capital financiero. En un Estado Social de Derecho, esta redistribución regresiva no puede considerarse políticamente neutra.

3. El mandato constitucional y su lectura selectiva

La defensa de la decisión del Banco suele ampararse en su mandato constitucional de preservar el poder adquisitivo de la moneda. Sin embargo, esta lectura es parcial y restrictiva.

La Constitución de 1991 no consagra un Estado monetarista, sino un Estado Social de Derecho, que obliga a todas las autoridades económicas a considerar el empleo, la equidad, la producción y el bienestar general. Convertir el control de la inflación en un fin absoluto —desconectado de sus costos sociales— implica una reinterpretación ideológica del mandato constitucional, alineada con la ortodoxia neoliberal y no con el diseño social del ordenamiento colombiano.

4. El contexto político: la falacia de la neutralidad institucional

El análisis puramente técnico resulta insuficiente en un país donde, de manera simultánea, se observan:

Actuaciones inéditas y selectivas de organismos de control electoral.
Decisiones judiciales de alto impacto político concentradas contra el Ejecutivo.
Un cerco mediático permanente.
Estrategias de judicialización de la política (lawfare).
Una oposición que, derrotada electoralmente, desplaza la disputa a los aparatos del Estado.

En este contexto, sostener que la autoridad monetaria opera en una burbuja aislada del conflicto político es una forma de ingenuidad analítica. No es necesario demostrar conspiraciones explícitas para reconocer alineamientos estructurales entre la política monetaria restrictiva y los intereses que históricamente han dominado el poder económico en Colombia.

5. Disciplina salarial y defensa del orden económico

El argumento del “choque salarial” merece especial atención. La recuperación del salario mínimo en Colombia no constituye un exceso macroeconómico, sino una corrección tardía de una pérdida histórica de poder adquisitivo. Penalizar esa recuperación mediante tasas altas equivale a utilizar la política monetaria como instrumento de disciplinamiento social, protegiendo la renta y castigando el ingreso del trabajo.

Esta lógica no es técnica: es política.

Conclusión

La actual política monetaria del Banco de la República no puede seguir presentándose como una respuesta puramente técnica a variables macroeconómicas. En el contexto colombiano actual, opera como una intervención regresiva, que protege al capital financiero, enfría deliberadamente la economía productiva y traslada el costo del ajuste al pueblo.

Reconocer esto no implica desconocer la importancia de la estabilidad de precios ni promover irresponsabilidad fiscal. Implica afirmar, con rigor constitucional, que la política monetaria también debe responder al Estado Social de Derecho y a la soberanía popular, y no únicamente a los dictados del mercado y de la ortodoxia financiera.

Negarlo, hoy, no es prudencia técnica: es ceguera política.

La Tutela en principio no funciona, pero ...

ACCIÓN DE TUTELA

(Artículo 86 Constitución Política de Colombia)

Señor JUEZ ___ DE ___ (REPARTO)
Ciudad

REF:

Acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales derivados de la política monetaria restrictiva adoptada por el Banco de la República

I. ACCIONANTE

Nombre: __________________________
Cédula: __________________________
Dirección: _______________________
Correo electrónico: ______________
Teléfono: _______________________

Actúo en nombre propio.

II. ACCIONADO

Banco de la República de Colombia, en cabeza de su Junta Directiva.

III. DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS

Solicito la protección inmediata de los siguientes derechos fundamentales:

Derecho al trabajo (art. 25 C.P.)
Derecho al mínimo vital (art. 1, 53 y jurisprudencia constitucional)
Derecho a la igualdad material (art. 13 C.P.)
Derecho a la dignidad humana (art. 1 C.P.)
Derecho al debido proceso administrativo sustancial (art. 29 C.P.), en su dimensión de razonabilidad y proporcionalidad de las decisiones estatales.

IV. HECHOS

El Banco de la República, en ejercicio de sus funciones constitucionales, ha mantenido una tasa de interés real positiva en niveles excepcionalmente altos, aun cuando:
- La inflación presenta una tendencia clara y sostenida a la baja.
- El desempleo ha disminuido.
- El dólar se ha debilitado frente al peso colombiano, generando una revaluación significativa.
Pese a estos indicadores, la autoridad monetaria ha prolongado una política contractiva extrema, cuyo impacto directo se refleja en:
- Enc encarecimiento del crédito productivo.
- Quiebra o inviabilidad financiera de pequeñas y medianas empresas.
- Reducción del empleo formal.
- Afectación directa del ingreso real de hogares endeudados.
Esta política tiene efectos regresivos, afectando de manera desproporcionada a trabajadores, microempresarios, campesinos y sectores productivos nacionales, mientras beneficia principalmente a rentistas financieros.
El accionante se encuentra directamente afectado, pues dicha política:
- Ha comprometido su estabilidad económica.
- Ha puesto en riesgo su subsistencia digna.
- Ha limitado de forma irrazonable su acceso al crédito y al trabajo.

V. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. Estado Social de Derecho

Colombia no es un Estado neutral frente al daño social.
El artículo 1 de la Constitución impone al Estado el deber de intervenir activamente para garantizar condiciones materiales de existencia digna.

La autonomía del Banco de la República no es absoluta y debe ejercerse conforme a los fines del Estado Social de Derecho.

2. Límite constitucional a la política monetaria

La Corte Constitucional ha sostenido que toda decisión estatal, incluso técnica o macroeconómica, está sujeta a los principios de:

Razonabilidad
Proporcionalidad
No regresividad
Prevalencia del interés general

Una política monetaria que ya no cumple el fin de control inflacionario y continúa causando daño social pierde legitimidad constitucional.

3. Procedencia excepcional de la tutela

Si bien las decisiones del Banco de la República son de carácter general, la tutela procede cuando:

Existe afectación concreta y directa de derechos fundamentales.
No existe otro mecanismo eficaz e inmediato.
Se configura un perjuicio irremediable, como la pérdida del mínimo vital o del empleo.

VI. PRETENSIONES

Solicito al despacho judicial:

Amparar los derechos fundamentales invocados.
Ordenar al Banco de la República:
- Revisar de manera inmediata la política de tasas de interés bajo criterios de proporcionalidad social.
- Incorporar explícitamente en sus decisiones el impacto sobre empleo, producción y mínimo vital.
Prevenir al Banco de la República para que, en adelante, sus decisiones se ajusten a los fines del Estado Social de Derecho.

VII. PRUEBAS

Comunicados oficiales del Banco de la República.
Series estadísticas de inflación, desempleo y tasa de cambio.
Documentos que acreditan la afectación económica del accionante.

VIII. JURAMENTO

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que no he interpuesto otra acción de tutela por los mismos hechos y derechos.

IX. NOTIFICACIONES

Accionante: __________________________
Accionado: Banco de la República – Bogotá D.C.

Firma

C.C. No. __________
Ciudad y fecha

.

BLOQUEO ECONOMICO? ganadores y perdedores.