.: La nueva inquisición derechista. Plan develado

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Propósito del documento: exponer, paso a paso, el plan de recuperación del poder por parte de sectores de la oligarquía y la extrema derecha en Colombia —tácticas, actores, calendarios posibles, instrumentos institucionales y extracurriculares— con evidencias públicas y ejemplos recientes que muestran cómo esas tácticas ya se han venido ensayando. Este texto NO propone acciones ilegales; su intención es descriptiva y preventiva: identificar vulnerabilidades y evidenciar la estructura lógica del plan para poder contrastarlo, documentarlo y defender la democracia.

I. Síntesis del objetivo estratégico

Actores conservadores (empresariado tradicional, gremios, medios hegemónicos, redes políticas y ciertos aparatos judiciales y administrativos) buscan recuperar la hegemonía política desplazada por la llegada del Pacto Histórico mediante una estrategia multiforme que combina aislamiento internacional, crisis interna, judicialización y delegitimación mediática, para forzar un retroceso electoral o institucional (dimisión, juicio político, bloqueo efectivo de gobernabilidad o retorno electoral de fuerzas afines).

Esa estrategia busca tres resultados prácticos:

Desgastar legitimidad ciudadana del gobierno.
Paralisar gobernabilidad y reformas.
Crear condiciones políticas y sociales favorables a una alternancia conducida por sectores conservadores (elecciones condicionadas, gobierno de transición o triunfo electoral).

II. Actores — quiénes participan y qué recursos movilizan

Empresariado y gremios: financiamiento de campañas, boicot económico (paro de transporte, huelgas patronales), lobby internacional.
Medios masivos concentrados y plataformas digitales: producción y amplificación de narrativas de corrupción, narco-vínculos, ineptitud, memes y ridiculización (“cero izquierda”, “Fuera Petro”, destripar, hacer trizas).
Partidos y líderes de la derecha: coordinación política; presentación de denuncias, solicitudes ante órganos de control; movilización en la calle.
Estructuras judiciales/administrativas: uso estratégico de registros, demandas, recursos de inconstitucionalidad, investigaciones electorales (CNE, Registraduría, Corte Constitucional, Consejo de Estado). (Ver ejemplos de devoluciones y suspensiones de decretos). Reuters+1
Actores internacionales: presiones diplomáticas (decertificaciones, sanciones, revocatoria de visas), condicionamiento de cooperación; uso internacional de narrativas sobre “gobernabilidad” y narcotráfico para aislar al gobierno. (Ej.: revocatoria de visa y acciones diplomáticas recientes). Politico+1
Redes de desinformación y células de inteligencia política: operaciones coordinadas en redes, creación de “evidencias” públicas, filtraciones selectivas a medios aliados.

III. Fases del plan — tácticas ordenadas en el tiempo (modelo operativo)

Fase 0 — Preparación (6–24 meses): construcción de candidaturas, narrativas y redes

Financiar y preparar cuadros políticos alternativos; articular frentes “civiles” (ONG, asociaciones de víctimas, redes “ciudadanas”) como fachada.
Consolidar narrativa preventiva: “Colapso institucional”, “aumento del narcotráfico”, “crisis económica” —repetida en medios y think tanks— para sembrar aceptación de medidas extraordinarias.
Acumular dossiers e “inteligencia” sobre funcionarios para uso posterior (financiación de campaña, contratos, viajes, tuits comprometedoras).

Evidencia pública: campañas mediáticas sostenidas sobre financiación irregular y narcotráfico que anteceden y acompañan procesos judiciales. Reuters+1

Fase 1 — Aislamiento internacional y presión diplomática (simultáneo)

Buscar declaraciones de países aliados sobre “preocupación” (decertificación en materia antidrogas, sanciones selectivas, revocatoria de visados).
Presionar organismos internacionales y mercados para generar efectos económicos (condicionamiento de créditos, cooperación militar).

Ejemplo reciente: revocatoria del visado del presidente por parte de EE. UU. y renuncias simbólicas de visados de funcionarios en protesta; reportes sobre sanciones y críticas a la política antidroga. Politico+2AP News+2

Fase 2 — Deslegitimación y campaña mediática de choque (intensiva)

Amplificar relatos de corrupción, vínculos con narcotráfico o incapacidad; multiplicar slogans y memes estigmatizantes (e.g., “cero izquierda”).
Filtrar documentos o montajes probatorios (capturas, grabaciones) a medios aliados y plataformas virales.
Reclutar “expertos” y académicos afines para dar apariencia técnica a las acusaciones.

Evidencia pública: proliferación de consignas y cobertura mediática marcada contra el Pacto Histórico, así como denuncias públicas y verificaciones. Reuters+1

Fase 3 — Activación institucional (judicial y administrativa)

Presentación simultánea de recursos judiciales: demandas, tutelas, recusaciones, recursos de inconstitucionalidad, investigaciones ante el CNE y el Consejo de Estado.
Uso de la Registraduría y del CNE para cuestionar logística electoral (cierres de mesas, denegación de logos, problematización del voto exterior) y así reducir participación. (Ver denuncias de cierre de puestos en consultas recientes). infobae+1
Promover la apertura de investigaciones que, aun sin condena, erosionan la legitimidad pública del gobierno y consumen su capital político. Reuters

Fase 4 — Escalada política y movilización callejera

Convocar protestas de “civismo” y paros, presionar por la destitución o por la renuncia; al mismo tiempo, generar presiones económicas (boicot, huelgas sectoriales).
Normalizar demandas de “intervención” institucional (comisiones investigadoras, jurados de responsabilidad, investigaciones especiales en el Congreso).

Fase 5 — Consolidación de poder alternativo (si la presión funciona)

Forzar acuerdos legislativos que impidan reformas (bloqueos en comisiones, vetos, reescrituras).
Presentar una oferta electoral alternativa con la narrativa ya instalada (seguridad, orden, normalidad).
Si se abre espacio institucional (vacío, juicio político, inhabilidad): impulsar transiciones dirigidas por sectores afines o elecciones adelantadas en condiciones favorables.

IV. Instrumentos y mecanismos concretos (operativos)

Judicialización selectiva (lawfare): promover investigaciones penales y disciplinarias contra figuras clave; usar filtraciones a medios antes de pruebas. (Efecto: desacreditar sin necesidad de condena). Reuters
Control y presión sobre órganos administrativos electorales: impugnar logos, reclamar vicios en decretos y convocatorias; presionar por cierres de mesas en zonas afectas al Pacto Histórico. (Evidencia: denuncias de cierre de mesas y respuesta de Registraduría). infobae+1
Aislamiento internacional: revocatoria de visas, decertificaciones, sanciones financieras y de cooperación para generar costos políticos y económicos. Politico+1
Medios y redes: campañas de desprestigio, fabricación o amplificación de narrativas (corrupción, narcotráfico), ridiculización masiva (“cero izquierda”). Reuters+1
Movilizaciones sociales y económicas: boicots, presión gremial, consumos dirigidos (retención de inversiones o campañas de “no comprar” a empresas afines al gobierno).
Lobby legislativo: presión para negar debates o votar en contra de reformas, impulsar mociones en el Congreso. (Ej.: negación de consultas por parte del Senado; devoluciones por vicio de trámite en cortes). Reuters+1

V. Pruebas y ejemplos recientes (casos públicos que encajan en el plan)

Revocatoria del visado presidencial por EE. UU. (caso de septiembre 2025): ejemplo de aislamiento diplomático que el plan busca instrumentalizar políticamente. Politico+1
Decisiones judiciales que suspenden decretos o devuelven reformas (Corte Constitucional / Consejo de Estado suspendiendo decretos y devolviendo reformas por vicios de procedimiento en 2025): ilustran la fase de activación institucional que frena la agenda del Ejecutivo. Reuters+1
Denuncias sobre cierres de mesas y limitación logística por la Registraduría en consultas del Pacto Histórico (octubre 2025): ejemplo claro de cómo la logística electoral puede ser instrumentalizada. infobae+1
Cobertura mediática sostenida sobre financiación y vínculos con narcotráfico que antecede e influye en procesos investigativos (informes y seguimiento periodístico). Reuters+1

VI. Riesgos y puntos de ruptura en el plan

Riesgo legal/institucional: una coordinación explícita entre actores políticos, judiciales y diplomáticos para derrocar o inhabilitar al Ejecutivo puede ser impugnada y documentada como ataque a la democracia (prueba de concertación anticonstitucional).
Riesgo de reacción ciudadana: la evidencia de maniobras antidemocráticas puede movilizar a sectores amplios en defensa de las instituciones democráticas y del proceso de paz.
Riesgo de escalada y violencia: la deshumanización y las amenazas retóricas pueden derivar en violencia política si no son contenidas.

VII. Cómo develar y documentar el plan: método práctico (sin violar la ley)

Cronología pública y archivada: compilar una línea de tiempo con: filtraciones, publicaciones mediáticas, fechas de recursos jurídicos, fallos, comunicados internacionales (decertificación/visas) y movilizaciones. (El objetivo: mostrar correlación temporal entre acciones coordinadas).
Archivo de evidencias digitales: capturas verificadas (con metadata), enlaces a noticias y resoluciones judiciales, transcripciones de tuits/posts clave. (Importante: preservar fechas y autoría).
Mapeo de actores y flujos de dinero: rastrear financiamiento público y privado de campañas, donaciones a ONG y centros de pensamiento, y los nexos con medios. (Requiere auditoría financiera y acceso a bases de datos públicas).
Análisis legal de patrones (consultoría jurídica): identificar si existe concertación prohibida por la Constitución (actos que busquen suplantar la voluntad popular o usar la justicia como arma política).
Solicitudes de acceso público y FOIA / peticiones formales: pedir documentos oficiales (comunicaciones diplomáticas públicas, expedientes) que puedan probar coordinación internacional.
Alianzas con medios independientes y organismos internacionales: co-publicar informes, pedir auditorías independientes y plantear peticiones a organismos de derechos humanos y observadores electorales.

VIII. Contra-estrategia (qué hacer para neutralizar el plan)

Nota: estas medidas buscan defender institucionalidad y la legitimidad democrática, no promover represalias.

Transparencia total: liberar cronogramas, contratos, financiamientos de campañas y evidencias administrativas para neutralizar narrativas de ocultamiento.
Estrategia legal proactiva: equipos jurídicos en sede penal, constitucional y electoral para anticipar recursos, contrademandar filtraciones ilegales y requerir medidas cautelares que protejan la logística electoral. (Ej.: acciones urgentes ante la Corte para preservar mesas). Reuters+1
Archivística y preservación de pruebas: asegurar cadena de custodia para capturas y documentos; subir a repositorios neutrales y multilaterales.
Diplomacia preventiva y multilateral: abrir canales con aliados latinoamericanos, CELAC, OEA y la ONU para mostrar transparencia y denunciar presiones externas injerencistas. (Contrapesar decertificación con apoyo regional). AP News
Campaña de información pública: desmontar narrativas falsas con fact-checking permanente, evidencias y testimonios; humanizar agenda (mostrar impacto real de las reformas).
Protección de la integridad electoral: observadores, protocolos de seguridad para mesas y garantías de accesibilidad, acción legal rápida ante cierres de mesas. El Tiempo
Alianzas cívicas amplias: crear frentes con iglesias, sindicatos, instituciones académicas y gremios democráticos para deslegitimar medidas antidemocráticas.

IX. Señales tempranas de alarma — indicadores para monitorear (lista operativa)

Aumento súbito y coordinado de noticias sobre “corrupción” o “narcovínculos” sin nuevas pruebas anexas.
Filtraciones masivas a un conjunto reducido de medios afines tras las cuales se activan recursos judiciales.
Denuncias simultáneas sobre cierres de mesas o problemas logísticos en regiones favorables al Pacto Histórico. infobae+1
Declaraciones diplomáticas o medidas públicas de aislamiento (revocatoria de visas, decertificaciones). Politico
Presentación de recursos legales múltiple y simultáneamente en distintas jurisdicciones (estrategia de agotamiento). Reuters

X. Limitaciones de la investigación y advertencia metodológica

Mucho del engranaje real (financiamiento opaco, comunicaciones privadas, coordinación internacional) ocurre fuera del registro público; probar la concertación completa requiere acceso a comunicaciones privadas o confesiones, por lo que esta exposición se apoya en patrones públicos, temporalidades y pruebas de efecto que demuestran coherencia operativa.
Algunas acciones (por ejemplo la revocatoria de visa) tienen justificaciones oficiales distintas; lo aquí planteado es un análisis político-stratégico que muestra cómo medidas legítimas pueden ser instrumentalizadas políticamente. Politico+1

XI. Fuentes clave (selección de soporte público para las afirmaciones más cargadas)

Revocatoria de visa y tensión diplomática con EE. UU.: Politico / The Guardian / AP (septiembre–octubre 2025). Politico+2The Guardian+2
Suspensiones/devoluciones de decretos y reformas por parte de Corte Constitucional / Consejo de Estado (junio 2025): Reuters. Reuters+1
Denuncias de cierre de mesas y restricciones en la logística electoral: El Tiempo / Infobae / Cambio (octubre 2025). El Tiempo+2infobae+2
Investigaciones y procesos ante entidades electorales y la judicialización política (ejemplos y análisis): Reuters / seguimiento periodístico. Reuters+1

XII. Conclusión — por qué este “plan” debe ser develado ahora

La recuperación del poder por parte de la oligarquía y la extrema derecha no es necesariamente un golpe singular y visible: es una estrategia multidimensional que suma instrumentos legales, mediáticos, diplomáticos y económicos. Develar sus piezas públicas (fechas, actores, recursos, efectos) es condición necesaria para impedir que una sucesión de actos aparentemente “legítimos” encadenados produzca, en resultado, una debilidad sistémica de la democracia. Documentar el patrón permite activar defensas jurídicas, informativas y diplomáticas que protejan la institucionalidad y la paz.

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